Los Bancos y Cajas

El grupo financiero destinará 18 millones a la compra de una ficha bancaria

El nuevo banco que nacerá fruto del acuerdo de fusión entre la CAM, Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura que firmaron el martes los presidentes de estas entidades, nacerá con un capital social inicial de 20 millones de euros y está previsto que comience a operar a principios de 2011, bajo un nuevo nombre que se aplicará en los territorios de expansión y que se decidirá en las próximas semanas para su ratificación por los sindicatos y las respectivas asambleas de cada caja.
A pesar de las dificultades surgidas durante el último mes por el reparto de las cuotas de poder entre la CAM y Cajastur, y que fueron superadas a última hora tras rebajar la caja asturiana el poder que tendrá el consejero delegado del nuevo banco, el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, el proceso sigue en marcha avalado por el Banco de España, el principal valedor del acuerdo.
De acuerdo con las últimas informaciones, el futuro consejero delegado de la nueva entidad, tendrá las «facultades ordinarias administrativas» y no los plenos poderes previstos inicialmente para impulsar y coordinar las áreas de negocio del grupo, incluidos los aspectos organizativos.
Ficha bancaria
18 millones de euros. Ese es el dinero que invertirán el grupo financiero liderado por Cajastur en la adquisición de una ficha bancaria al Banco de España. La compra de la licencia para operar como entidad bancaria es uno de los trámites administrativos que deberán superar el Sistema Institucional de Protección (SIP) para su puesta en marcha en los próximos meses -e iniciar su actividad comercial a principios de 2011-, que incluirá autorizaciones de Competencia, del Ministerio de Economía y de la UniónEuropea, entre otras.
Las cuatro cajas que participan en el proyecto también convocarán a lo largo del mes de agosto reuniones extraordinarias de sus asambleas para que se celebren en septiembre. En ellas, los consejeros generales deberán votar si aceptan la ‘fusión virtual’ y las condiciones de la operación, una decisión que en principio no deberá encontrar oposición.
De acuerdo con el calendario de puesta en marcha del nuevo grupo financiero, en un plazo máximo de 18 meses desde la constitución del nuevo banco las cuatro cajas deberán aportar un número y volumen significativo de activos, para completar las aportaciones entre 3 y cinco años.
El SIP, o entidad central del nuevo grupo, será la que establezca -con carácter vinculante- las políticas y estrategias de negocio del grupo, los niveles y medidas de control interno y de gestión de riesgo de todas las partes. Además, tendrá las competencias en materia de gestión financiera, gestión de activos, pasivos, tesorería, participadas, riesgos, recursos humanos, asesoría jurídica, sistemas, productos, negocios, etcétera. Es decir, que la práctica totalidad de las decisiones financieras y de gestión interna -salvo las decisiones relativas al negocio minorista de cada caja en su ámbito territorial- se adoptarán en Madrid, donde estará la sede.
Petición de UGT
Ante la próxima constitución del SIP, las secciones sindicales de UGT en las cuatro cajas han solicitado a través de una circular interna la firma de un protocolo que establezca las condiciones sociolaborales del nuevo grupo. La petición, en principio, no sorprende salvo que el sindicato -mayoritario en el SIP si se suman los delegados en CCM- asegura en el comunicado que en caso de no haber acuerdo recomendará a sus afiliados que voten en contra de la fusión en las asambleas de septiembre.
Por otro lado, la Comisión Europea tiene una opinión «muy positiva» de la reforma de la Ley de Cajas aprobada por el Congreso la semana pasada, por considerar que ha creado un «marco tremendamente flexible, creativo y evolutivo», según explicó ayer el director general adjunto del área Operativo-Financiera de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Jorge Gil. La CECA expone estos días en cinco ciudades europeas ante los inversores extranjeros la nueva situación de las cajas.