Los Bancos y Cajas

La llegada de los primeros funcionarios judiciales al edificio del Banco de España no ha comenzado con buen pie. Los trabajadores del Juzgado Contencioso Administrativo fueron el miércoles los primeros en desembarcar en el nuevo inmueble junto a los de Vigilancia Penitenciaria y Menores, mientras que el jueves fue el turno de los dos juzgados de lo Social y ayer se instalaron el Decanato y Servicios Generales. Las quejas de los trabajadores se han multiplicado desde su llegada al edificio. El mayor problema surgió en la primera planta, en un espacio que compartirán los servicios generales que se creen cuando se ponga en marcha la nueva oficina judicial (un proyecto para el que no hay plazo concreto y que según los propios funcionarios podría prolongarse más de un año) y los siete funcionarios del Juzgado Contencioso Administrativo. Los funcionarios se instalaron en un amplio espacio luminoso y donde podrán trabajar con una unidad única de ejecución y tramitación que necesitan, pero los responsables judiciales de la Gerencia les obligaron ayer a desalojar esa dependencia, que quedará vacía hasta que funcione la nueva oficina judicial, y ocupar tres oficinas desperdigadas por la primera planta.
Los afectados ha dirigido una denuncia a la Inspección de Trabajo de la Junta, además de remitir escritos con su malestar al Consejo General del Poder Judicial. En la denuncia, se detallan las características de las tres oficinas, que les impiden desarrollar su trabajo común como unidad única de ejecución y tramitación, según indican.
Una de las oficinas, de 15 metros cuadrados, carece de luz directa, se ubican dos puestas de trabajo y varios armarios, más una persona, además de contar con un equipo de aire acondicionado que debe funcionar de manera continua. Tampoco ofrece mejores características la segunda oficina, una habitación rectangular con escasa luz natural de 25 metros cuadrados para cuatro funcionarios, con la conexiones de teléfono y ordenadores en mitad del local. Además, se dispone únicamente de una fotocopiadora, un escáner, dos impresoras y un fax para todos los funcionarios, por lo que algunas oficinas no dispondrán de estos servicios necesarios. El tercer espacio, donde inicialmente se instalaron pero han sido desalojados, es una oficina diáfana y exterior de 100 metros, con dos puertas de acceso, y que ellos consideran la ideal. Este espacio no tendrá utilidad hasta que no entre en funcionamiento la nueva oficina judicial, prevista para los próximos años, donde ahora no se ofrece ningún servicio, salvo una mesa reservada para un funcionario del Contencioso. «Está prohibido que nadie se instale en la única oficina de la primera planta donde, a nuestro parecer, se puede desarrollar una actividad con la dignidad necesaria y siendo el espacio ideal para poder atender a los profesionales y a los ciudadanos de esta ciudad», señalan los funcionarios en la denuncia que ayer presentaron ante Trabajo. Además, lamentan que el edificio no haya superado la inspección inicial que se exige antes de ocupar unas instalaciones nuevas. Los afectados piden a Trabajo que inspeccione el lugar y emita un informe sobre el cumplimiento de las exigencias de salud y seguridad en un edificio público.
Esta denuncia será probablemente respaldada por otros funcionarios judiciales en los próximos días.

Cartival, la sociedad controlada por Jaime Botín que es el segundo mayor accionista de Bankinter, alcanzará el 22,8% del capital de la entidad financiera tras los títulos recibidos por la disolución de una fundación familiar, con lo que se coloca así a un paso de Crédit Agricole. Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Jaime Botín ha recibido acciones representativas del 7,85% del capital social del banco, de las que el 3,88% está pendiente de la autorización preceptiva del Banco de España.

El grupo financiero destinará 18 millones a la compra de una ficha bancaria

El nuevo banco que nacerá fruto del acuerdo de fusión entre la CAM, Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura que firmaron el martes los presidentes de estas entidades, nacerá con un capital social inicial de 20 millones de euros y está previsto que comience a operar a principios de 2011, bajo un nuevo nombre que se aplicará en los territorios de expansión y que se decidirá en las próximas semanas para su ratificación por los sindicatos y las respectivas asambleas de cada caja.
A pesar de las dificultades surgidas durante el último mes por el reparto de las cuotas de poder entre la CAM y Cajastur, y que fueron superadas a última hora tras rebajar la caja asturiana el poder que tendrá el consejero delegado del nuevo banco, el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, el proceso sigue en marcha avalado por el Banco de España, el principal valedor del acuerdo.
De acuerdo con las últimas informaciones, el futuro consejero delegado de la nueva entidad, tendrá las «facultades ordinarias administrativas» y no los plenos poderes previstos inicialmente para impulsar y coordinar las áreas de negocio del grupo, incluidos los aspectos organizativos.
Ficha bancaria
18 millones de euros. Ese es el dinero que invertirán el grupo financiero liderado por Cajastur en la adquisición de una ficha bancaria al Banco de España. La compra de la licencia para operar como entidad bancaria es uno de los trámites administrativos que deberán superar el Sistema Institucional de Protección (SIP) para su puesta en marcha en los próximos meses -e iniciar su actividad comercial a principios de 2011-, que incluirá autorizaciones de Competencia, del Ministerio de Economía y de la UniónEuropea, entre otras.
Las cuatro cajas que participan en el proyecto también convocarán a lo largo del mes de agosto reuniones extraordinarias de sus asambleas para que se celebren en septiembre. En ellas, los consejeros generales deberán votar si aceptan la ‘fusión virtual’ y las condiciones de la operación, una decisión que en principio no deberá encontrar oposición.
De acuerdo con el calendario de puesta en marcha del nuevo grupo financiero, en un plazo máximo de 18 meses desde la constitución del nuevo banco las cuatro cajas deberán aportar un número y volumen significativo de activos, para completar las aportaciones entre 3 y cinco años.
El SIP, o entidad central del nuevo grupo, será la que establezca -con carácter vinculante- las políticas y estrategias de negocio del grupo, los niveles y medidas de control interno y de gestión de riesgo de todas las partes. Además, tendrá las competencias en materia de gestión financiera, gestión de activos, pasivos, tesorería, participadas, riesgos, recursos humanos, asesoría jurídica, sistemas, productos, negocios, etcétera. Es decir, que la práctica totalidad de las decisiones financieras y de gestión interna -salvo las decisiones relativas al negocio minorista de cada caja en su ámbito territorial- se adoptarán en Madrid, donde estará la sede.
Petición de UGT
Ante la próxima constitución del SIP, las secciones sindicales de UGT en las cuatro cajas han solicitado a través de una circular interna la firma de un protocolo que establezca las condiciones sociolaborales del nuevo grupo. La petición, en principio, no sorprende salvo que el sindicato -mayoritario en el SIP si se suman los delegados en CCM- asegura en el comunicado que en caso de no haber acuerdo recomendará a sus afiliados que voten en contra de la fusión en las asambleas de septiembre.
Por otro lado, la Comisión Europea tiene una opinión «muy positiva» de la reforma de la Ley de Cajas aprobada por el Congreso la semana pasada, por considerar que ha creado un «marco tremendamente flexible, creativo y evolutivo», según explicó ayer el director general adjunto del área Operativo-Financiera de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Jorge Gil. La CECA expone estos días en cinco ciudades europeas ante los inversores extranjeros la nueva situación de las cajas.

Consideraciones al resultado del test de estrés:

Unnim supera en los escenarios más probables los ratios mínimos de capital establecidos por el regulador

Los resultados publicados el pasado viernes 23 de julio corresponden a unas pruebas de estrés, que no reflejan estimaciones ni previsiones sobre la evolución de la actividad económica y financiera de los próximos meses ni años. Se trata de unas “pruebas de esfuerzo”, de resistencia, especialmente extremadas, que el propio regulador considera que presentan una probabilidad de ocurrencia inferior al 0,5%.

· Se ha de tener en cuenta que el ratio de Tier 1 de Unnim en el escenario base (el de mayor probabilidad de ocurrencia y que ya incorpora valores de evolución macroeconómica con estrés) es del 6,6%, el cual supera el nivel del 6%, que el CEBS ha considerado como límite en el presente test.

· Por lo que respecta al nivel mínimo regulatorio de Tier 1, actualmente establecido en el 4%, Unnim también lo cumple incluso en el peor escenario de estrés planteado en las pruebas de resistencia, que como se ha comentado es altamente improbable.

· Es importante destacar que, mediante los datos de partida de las pruebas de estrés (datos de cierre de 2009), se han evaluado los resultados que se producirían en los años 2010/2011, pero no se han tenido en cuenta las ventajas y las sinergias del proceso de fusión (reducciones de costes, objetivos de negocio y por tanto mejoras de margen) del orden de 450 millores de euros, que Unnim obtendrá en el medio plazo, mejorando así su ratio de solvencia; tal como prevee el Plan de Integración aprobado por el Banco de España, Generalitat de Cataluña y Comisión Europea.

· Por el contrario si se han tenido en cuenta los costes extraordinarios que se producen al inicio de la fusión. En concreto, Unnim contempla en el período 2010-2012 unos costes derivados del proceso de reestructuración (y por tanto, menos margen, menos resultados y menos capital), del orden de los 200 millones de euros.

· Los datos de origen considerados tampoco recogen los resultados reales que se han obtenido en la venta y alquiler de inmuebles en el primer semestre de 2010 y que, de mantener el ritmo alcanzado en este período, en los tres próximos semestres (del 1-07-2010 al 31-12-2011) minorarían les pérdidas establecidas en las pruebas de resistencia y compensarían la cifra de 270 millones de euros de capital que, tal y como indican los resultados, podría necesitar Unnim. Es decir, si les pruebas de resistencia hubiesen recogido los resultados que ya se están obteniendo de la actividad inmobiliaria, no se habría producido un déficit de capital.

· El Plan de Integración es un plan profesional, sólido y realista que presenta ratios de capital Tier 1 que evolucionan del 7,7% al 2010, hasta el 8% el 2011 y 2012, y un 8,9% el 2015, una vez devueltas las cantidades recibidas del Frob. Unos ratios que serán confortables a medida que desaparezcan los costos extraordinarios de la fusión y se obtengan los resultados de les sinergias del proyecto

· Unnim, que ja es una realidad plenamente operativa desde el 1 de Julio, está consolidando unos resultados en línea con los datos del Plan de Integración y según las previsiones del Plan Estratégico 2010-2013; que proyectado en el tiempo, reafirma nuestras previsiones de solvencia suficiente y capitalización adecuada incluso en los peores escenarios y nos ofrece plena confianza en poder llevar a cabo el sólido proyecto de fusión emprendido, que no requerirá ningún proceso adicional de reestructuración o saneamiento y que estará suficientemente capitalizado.

Incluso, las ayudas solicitadas al FROB por Unnim han sido de 380 millones de euros, lo que supone un 1,92 % de los activos ponderados por riesgo, no habiendo llegado a los límites marcados por la normativa del FROB fijados en el 2%.

· En caso de producirse el escenario mas adverso, y altamente improbable, existen mecanismos de capitalización a disposición de las entidades financieras como el financiamiento adicional del FROB o la emisión de títulos en forma de cuotas participativas. Estos mecanismos permitirían reforzar el capital.

Como continuación al Hecho Relevante nº 128351 del pasado viernes 23 de
julio de 2010, sobre los resultados de las pruebas de resistencia realizadas por
el Banco de España al Banco Popular, una vez analizada la información
disponible sobre las citadas pruebas, y en aras de lograr la mayor transparencia,
el Banco Popular ha detectado que el importe del capítulo de “Promociones y
adjudicados” se estima un 31,8% inferior al publicado, al haberse incluido en
esa rubrica riesgos que no responden estrictamente a esa naturaleza, sin que
esta discrepancia hubiese podido ser determinada con carácter previo a su
comunicación pública.
En la presentación de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2010,
que tendrá lugar mañana martes día 27 de julio, se ampliará la información y
los detalles referidos a la citada prueba de resistencia, así como los impactos
sobre el capital en los distintos escenarios simulados.
Banco Popular valora el trabajo del Supervisor, con alto nivel de complejidad y
reitera su satisfacción por haber superado de manera muy exitosa los tres
escenarios planteados, que superan ampliamente los estándares requeridos de
capital.

Dirigentes políticos y sociales han pedido al Banco de España que llegue hasta el final en el expediente abierto a los últimos consejos de administración de Cajasur por incumplir sus indicaciones sobre riesgo inmobiliario y rechazar la fusión con Unicaja. Directivos de BBK se reúnen en Córdoba con directores territoriales de la entidad cordobesa para analizar la nueva gestión.

El vicesecretario general de Relaciones Laborales y Política Institucional de UGT en Andalucía, Dionisio Valverde, ha advertido este martes de que “no había duda” en que la nueva entidad que integrara los activos y pasivos de CajaSur tuviera su sede en Bilbao y dejara de ser una caja de ahorros “para convertirse en un banco”.

Esto es así, según explicó Valverde a Europa Pess, porque BBK viene a por “la red de oficinas de CajaSur y a por sus clientes con el objetivo de fortalecer el músculo financiero del País Vasco y no el de Andalucía”.

En este sentido, ha criticado que la caja vizcaína BBK va a fortalecer el músculo financiero del País Vasco, con la adjudicación de CajaSur tras la decisión del Banco de España, mientras que el sistema financiero andaluz “se debilita”, y de ahí que la sede social sea Bilbao y el cambio de nombre a BBK Bank.

El PP de Córdoba ha acogido con “extrañeza” la decisión del Banco de España de abrir un expediente, que puede derivar en sanción, a los miembros del penúltimo consejo de administración de CajaSur, “cinco años después”, cuando además su labro “ya fue evaluada y sancionada en 2006″.

Así lo dijo este martes uno de los ex miembros del consejo por el PP hasta noviembre de 2005, el ahora concejal popular en el Ayuntamiento de Córdoba Luis Martín, quien dijo que no le preocupa y que está muy “tranquilo” tras recibir la comunicación del Banco de España de que se le ha abierto dicho expediente, como al resto de miembros del consejo, por supuestamente no seguir las directrices del órgano supervisor para subsanar las deficiencias que éste detectó en los mecanismos de control y gestión de riesgos de la caja, especialmente en el ámbito inmobiliario.

Los afectados por el primer expediente son todos los miembros del consejo de administración de CajaSur, tras la renovación de la asamblea general de la caja habida en junio de 2005, por lo que no afectaría al que fuera ex presidente de CajaSur durante casi 30 años, Miguel Castillejo, pero sí a su sucesor, Juan Moreno, ya jubilado, y a otros miembros del Cabildo Catedralicio de Córdoba, como el actual obispo auxiliar de Bilbao, Mario Iceta.

El expediente en este primer caso tiene su origen, según las mismas fuentes, en la inspección y la consiguiente acta de sanción que ya emitió el Banco de España contra dicho consejo de administración de CajaSur, haciendo el organismo supervisor una serie de recomendaciones, que los gestores no llegaron a acometer en la medida que exigió el Banco de España, para, entre otras cuestiones, reducir el elevado riesgo en el que incurría la entidad en el sector inmobiliario.

En casos excepcionales, el FROB podrá adquirir títulos emitidos por entidades individuales que, a juicio del Banco de España, precisen de un reforzamiento de recursos propios», reza el texto de la norma. El FROB podrá comprar títulos de bancos y cajas que «aún siendo solventes y viables pudieran no ser suficientemente resistentes en contextos significativamente más adversos que el actual», lo que pudiera aconsejar «un reforzamiento urgente de su capital» con el objetivo de incrementar la confianza del mercado en dichas sociedades,

La nueva ley pone énfasis en los actuales SIP, cuyas entidades deberán permanecer en el sistema por un periodo mínimo de 10 años, debiendo preavisar con, al menos, dos años de antelación sobre su deseo de abandonar el mismo transcurrido el período establecido. Adicionalmente, el acuerdo de constitución deberá incluir un régimen de penalizaciones por baja que refuerce la permanencia y estabilidad de las entidades en el sistema institucional de protección.

El Banco de España, con carácter previo a la salida de un sistema institucional de protección por cualquiera de las entidades integrantes del mismo, valorará si puede abandonarlo, en función de la viabilidad individual de la entidad que pretenda marcharse del sistema y la del resto de las entidades participantes tras la pretendida desvinculación.
Las comunidades autónomas tendrán seis meses para adaptarse a la nueva regulación sobre cajas de ahorros. El citado texto, también indica que en el plazo máximo de tres meses desde la publicación de esta norma por parte de las comunidades, o en ocho meses contados desde la publicación del Real Decreto-Ley, las cajas tendrán que adaptar sus estatutos y reglamentos a las disposiciones que en la misma se contienen.