Los Bancos y Cajas

En noviembre de 2009, la Agencia EFE entrevistó a Juan Ignacio Navas, del bufete Navas & Cusí Abogados, para tratar sobre las demandas que actualmente afectan a muchos bancos y cajas españoles por la comercialización de contratos “swap”

En este sentido, Juan Ignacio Navas explicó a EFE que los swaps «son productos de permuta financiera que permiten que el cliente no pague más de un determinado tipo de interés por mucho que suba el precio del dinero, pero que no le dejan beneficiarse cuando baja».

Estos contratos están generando multitud de reclamaciones al Banco de España yya han llegado muchas de ellas a los tribunales. El letrado del despacho Navas & Cusí Abogados, especializado en mala práctica bancaria, critica que «los bancos y cajas no informaron de las desventajas de estos productos y sus elevados costes de cancelación»; motivo por el que ya se han dictado sentencias a favor de la nulidad de estos contratos y la compensación económica a los afectados.

Pueden leer la noticia ampliada en Expansión, El Economista y Cinco Días.

También encontrará otras Sentencias y resoluciones judiciales obtenidas por este despacho en este mismo blog. No dude en contactar con nosotros para resolver cualquier duda o exponernos su caso. Lo estudiaremos y le asesoraremos de manera personalizada.

Nuestro despacho ha sido pionero al conseguir la primera suspensión cautelar de un swap o permuta financiera de tipos de interés durante la tramitación del juicio, así como también por conseguir la Primera Sentencia en España de una Sociedad Anónima contra una entidad bancaria declarando nulo y sin efecto un contrato de cobertura de riesgos.

De esta manera se rompe con la argumentación de las entidades bancarias, cuando indicaban que las permutas financieras o swaps eran tan sólo problema de los particulares o PYMES, pues bien, también ha afectado a sociedades anónimas como se ha recogido en la citada Sentencia favorable obtenida por este despacho.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid ha aceptado a trámite la demanda presentada por 41 clientes contra Bankinter por la indebida comercialización de los clips hipotecarios, según el auto dictado el pasado 5 de noviembre.

Los afectados reclaman a la entidad un total de 431.945 euros más los intereses por las cantidades liquidadas por la entidad y la anulación de los contratos. La juez da un plazo de 20 días a Bankinter para contestar la demanda.

Esta demanda, encabezada por la Asociación de Minoristas Afectados por Permutas y Derivados Financieros (Asuapedefin), se suma a otra anterior presentada por 166 clientes que reclaman 1,08 millones de euros a Bankinter por el producto Intercambios Bankinter y que tramita el Juzgado de Primera Instancia número 51 de Madrid.

Los afectados por los clips acusan al banco de no informar debidamente de los riesgos del producto, que fue comercializado como un seguro que protegía al cliente de la subida de los tipos de interés. Sin embargo, cuando el euribor baja, es el cliente el que debe abonar al banco la diferencia con el valor real de los índices, según el tipo de interés pactado en el contrato.

Los clips de Bankinter fueron vendidos como un “seguro” a miles de clientes mayoritariamente entre 2007 y 2008, y, según defienden los demandantes, resultaron ser productos derivados de alto riesgo.

MANIFESTACIÓN POR EL CASO FONDO SANTANDER BANIF INMOBILIARIO

La plataforma de afectados Santander Banif Inmobiliario (PASI) ha realizado dos convocatorias de afectados hoy día 6 de Noviembre en las ciudades de Barcelona y Madrid.

La manifestación de Barcelona ha contado con la asistencia de dos centenares de personas que después de escuchar las palabras de un miembro de la plataforma han realizado una marcha desde la sede central del Banco de Santander en el Paseo de Gracia Barcelonés hasta la sede de la CNMV.

Durante la marcha los afectados han expresado su malestar contra la entidad presidida por Emilio Botín que tiene los ahorros retenidos de 43.000 afectados desde hace ya casi 2 años, los lemas más coreados han sido “Botín pirata devuélvenos la pasta”.

Un miembro de la Junta directiva de PASI ha expresado su extrema preocupación por los acontecimientos que están rodeando a este asunto como por ejemplo la poca implicación que a su parecer esta tomando en defensa de los afectados tanto el Banco de España como la CNMV, así como los cambios legislativos que ha realizado el Gobierno de la nación que según palabras textuales “alargarán la situación de KO técnico durante varios años del fondo”.

La Plataforma de Afectados ha comunicado nuevas movilizaciones así como la celebración de una asamblea general de socios para la primera semana de Enero del 2011.

El Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid ha emitido un auto para requerir a Bankinter el pago de 1,37 millones de euros, más otros 30.205 euros de intereses, a los afectados por la quiebra de los bancos islandeses, cantidad que la entidad española ya ha depositado, según fuentes jurídicas. El auto, del pasado 1 de septiembre, es resultado de la sentencia del pasado marzo que condenaba al banco a compensar a 87 clientes que le demandaron por los daños tras la quiebra de Lehman Brothers y de los bancos islandeses, y que fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Además, el juez ha admitido el peritaje realizado por los abogados de los afectados -el despacho Jausas y Zunzunegui- sobre las cantidades que consideran que deben cobrar aquellos que vieron afectados sus capitales por la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers.

Según Bankinter, la indemnización debe ser prácticamente nula, mientras que los afectados sostienen que deberían poder cobrar entre el 40% y el 75% de sus inversiones.

La entidad tiene diez días hábiles para estudiar este peritaje, y en caso de que no lo acepte deberá presentar un escrito de justificación.

A continuación se celebrará una vista entre los abogados, en la que cada parte aportará pruebas, y en la que los representantes de los afectados pedirán que sean técnicos del Banco de España los que efectúen el cálculo de las cantidades que en su caso debería aportar Bankinter.

La llegada de los primeros funcionarios judiciales al edificio del Banco de España no ha comenzado con buen pie. Los trabajadores del Juzgado Contencioso Administrativo fueron el miércoles los primeros en desembarcar en el nuevo inmueble junto a los de Vigilancia Penitenciaria y Menores, mientras que el jueves fue el turno de los dos juzgados de lo Social y ayer se instalaron el Decanato y Servicios Generales. Las quejas de los trabajadores se han multiplicado desde su llegada al edificio. El mayor problema surgió en la primera planta, en un espacio que compartirán los servicios generales que se creen cuando se ponga en marcha la nueva oficina judicial (un proyecto para el que no hay plazo concreto y que según los propios funcionarios podría prolongarse más de un año) y los siete funcionarios del Juzgado Contencioso Administrativo. Los funcionarios se instalaron en un amplio espacio luminoso y donde podrán trabajar con una unidad única de ejecución y tramitación que necesitan, pero los responsables judiciales de la Gerencia les obligaron ayer a desalojar esa dependencia, que quedará vacía hasta que funcione la nueva oficina judicial, y ocupar tres oficinas desperdigadas por la primera planta.
Los afectados ha dirigido una denuncia a la Inspección de Trabajo de la Junta, además de remitir escritos con su malestar al Consejo General del Poder Judicial. En la denuncia, se detallan las características de las tres oficinas, que les impiden desarrollar su trabajo común como unidad única de ejecución y tramitación, según indican.
Una de las oficinas, de 15 metros cuadrados, carece de luz directa, se ubican dos puestas de trabajo y varios armarios, más una persona, además de contar con un equipo de aire acondicionado que debe funcionar de manera continua. Tampoco ofrece mejores características la segunda oficina, una habitación rectangular con escasa luz natural de 25 metros cuadrados para cuatro funcionarios, con la conexiones de teléfono y ordenadores en mitad del local. Además, se dispone únicamente de una fotocopiadora, un escáner, dos impresoras y un fax para todos los funcionarios, por lo que algunas oficinas no dispondrán de estos servicios necesarios. El tercer espacio, donde inicialmente se instalaron pero han sido desalojados, es una oficina diáfana y exterior de 100 metros, con dos puertas de acceso, y que ellos consideran la ideal. Este espacio no tendrá utilidad hasta que no entre en funcionamiento la nueva oficina judicial, prevista para los próximos años, donde ahora no se ofrece ningún servicio, salvo una mesa reservada para un funcionario del Contencioso. «Está prohibido que nadie se instale en la única oficina de la primera planta donde, a nuestro parecer, se puede desarrollar una actividad con la dignidad necesaria y siendo el espacio ideal para poder atender a los profesionales y a los ciudadanos de esta ciudad», señalan los funcionarios en la denuncia que ayer presentaron ante Trabajo. Además, lamentan que el edificio no haya superado la inspección inicial que se exige antes de ocupar unas instalaciones nuevas. Los afectados piden a Trabajo que inspeccione el lugar y emita un informe sobre el cumplimiento de las exigencias de salud y seguridad en un edificio público.
Esta denuncia será probablemente respaldada por otros funcionarios judiciales en los próximos días.