Los Bancos y Cajas

El grupo descarta integrarse en uno mayor, pero sí podría absorber a otros – La venta del 20% le dará 500 millones – Los tres socios piden la ficha bancaria.

La unión de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, cuyo proyecto de integración en un banco de nueva creación fue aprobado el viernes por los consejos de las tres entidades, será la fusión virtual de cajas más capitalizada de las que se han puesto en marcha hasta ahora. Este grupo y Caja 3 (formado por Caja de Badajoz, Caja Círculo Católico de Burgos y Caja Inmaculada) lideran el ranking por «capital principal» sobre activos de riesgo, pese a que ninguna de ambas dispondrá de recursos públicos del FROB, a diferencia del resto de sistemas institucionales de protección (SIP).

La mayor solvencia del nuevo grupo liderado por Cajastur ha sido posible tras un empequeñecimiento del proyecto original, una vez que se excluyó a la alicantina CAM por el temor al deterioro de sus cuentas. El grupo ahora resultante es un 40% inferior que el inicial y se queda un 25% por debajo del tamaño ideal según el Banco de España. El nuevo banco quiere, por eso, ganar tamaño. Ayer, el presidente de Caja Extremadura, Víctor Bravo, aseguró que el nuevo grupo no se va a integrar en otro mayor, pero que podría incorporar en su seno a otras cajas.

Las tres cajas ya han tramitado ante el Banco de España la solicitud de la licencia para constituir el banco que actuará como cabecera del grupo y en el que Cajastur tendrá el 66%, la presidencia ejecutiva y cinco consejeros más; Caja Extremadura, el 20% y dos consejeros y Caja Cantabria, el 14% y un vocal. Las tres entidades desembolsarán 20 millones de euros por esta ficha bancaria, aunque la caja alicantina CAM deberá pagarles 12 millones por la titularidad del 100% del Banco Base, cuya propiedad compartían las cuatro cajas y que la entidad mediterránea compró a sus ex socios.

La nueva fusión virtual de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria nace con un «capital principal» sobre activos de riesgo del 8,4%. En realidad la suma de las tres cajas hubiese aportado una ratio del 9,7%, sólo tres décimas inferior al 10% que el Gobierno exige a las entidades financieras que carezcan de accionistas privados y que se financien en al menos el 20% en los mercado mayoristas.

Pero esa posición del 9,7% está mermada por las provisiones que se decidieron durante la negociación del fracasado proyecto de fusión con CAM para prevenir posibles deterioros y por las dotaciones que se realizaron entonces (que equivalen al 0,5% del «capital principal») para afrontar las prejubilaciones que se habían consensuado para el período 2011-2013. El nuevo grupo no pretende recurrir a ninguna de ambas partidas para mejorar su capital.

Ahí es donde surge como primera opción dar entrada a inversores. El Gobierno exige a las cajas el 10% de capital pero, si se abren al capital privado en al menos un 20%, ese requisito se reduce al 8% (el mismo que se pide a bancos y cajas rurales). Esto supondría que la nueva fusión pasaría a tener un excedente de capital de 90 millones, que, con la ampliación y venta del 20% a inversores por un valor estimado de unos 500 millones, sumaría un superávit de unos 600 millones. Con ello tendría margen de maniobra para integrar a otras cajas sin demandar capital al Estado. Por ejemplo, la catalana Unnim, que ha mostrado interés en sumarse al proyecto, precisa 568 millones de capital. Con un exceso de capitalización de casi 600 millones, el nuevo banco podría absorber a esa u otra entidad similar sin pedir ayudas públicas.