Los Bancos y Cajas

La caja, que necesita 2.622 millones para cumplir con las exigencias del Banco de España, plantea una solución inédita con capital público y privado que sólo convence al Gobierno gallego.

La caja gallega, con una necesidad de capital de 2.622 millones de euros para alcanzar un 10% de principal (su ratio actual es del 5,2%), presenta un complicado esquema al Banco de España para evitar su nacionalización.

La entidad sabe que no estaría en condiciones de superar el próximo test de estrés, previsto para el mes de junio, aunque se convirtiera en banco y le exigieran un 8% de capital principal (ahora requiere un 10%). El Banco de España no está dispuesto a que nadie suspenda esa prueba, de manera que su carrera contrarreloj se torna cada vez más complicada.

Una de las alternativas que hoy plantea el equipo directivo al consejo de administración –adelantada ayer por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo–, es una fórmula mixta de capital público y privado que estaría condicionada a tres peticiones: inyección de casi 600 millones de euros acogiéndose a la Disposición Transitoria del Real Decreto, la conocida como ‘vía catalana’; el cómputo del saneamiento extra que hizo la entidad para la fusión de Caixa Galicia y Caixanova; y un Esquema de Protección de Activos (EPA) “para segundas pérdidas”.

No descarta otras, aunque desde la entidad el mutismo es absoluto. Esta es la fórmula que defiende el gobierno gallego. Pero, según fuentes del sector consultadas, ni el regulador ni el Ministerio de Economía la ven con buenos ojos.

El esquema de protección de activos solicitado, que hasta ahora ha sido utilizado para cajas intervenidas, actuaría de garantía sobre el 10% de posibles segundas pérdidas. La Xunta y el Frob avalarían a partes iguales el 6% de ese importe, que no ha desvelado Feijóo. La caja asumiría el aval del otro 4% restante.

El departamento que dirige Elena Salgado habría negado la posibilidad del EPA, por lo que la Xunta introduce ahora su disposición a prestar ese aval. La consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, defendía en el Parlamento “el derecho” de la caja gallega a la protección de activos acogiéndose al artículo noveno del Real Decreto sobre las nuevas exigencias de capital para las entidades financieras.

La protección de activos, según el argumento que sostiene la Xunta, ayudaría a captar inversores privados, aunque Feijóo evitó cuantificarlo. Sí afirmó que este sistema mixto de recapitalización “mantendrá sus órganos de decisión [de la caja] en la comunidad”. De aceptarse la propuesta que avala la Xunta, el presidente gallego estima un desembolso del Frob próximo a los 1.500 millones de euros.

Los socialistas gallegos no ven posible esta compleja fórmula. Ayer, su secretario general, Manuel Vázquez, después de reunirse con Feijóo, habló claramente de nacionalización de la caja. En su opinión, “el futuro de Novacaixagalicia está garantizado por el Banco de España“ que aportará, según dijo, el 100% del capital para que la entidad “siga operando controlada por un banco.”

Así, según el PSdeG, el plan de viabilidad la caja necesitará 2.622 millones de euros del Frob, y tendrá un recorrido de dos años para “recomprar la parte necesaria de ese nuevo banco dependiente de la caja” a través de inversores. Manuel Vázquez aseguró que “no existen inversores privados”.

El BNG, que avaló con firma y foto la fusión de las dos cajas, también se desmarcó del acuerdo de consenso buscado por Feijóo, y responsabiliza al Gobierno central y a la Xunta de aportar una solución “para salvar los muebles de una mueblería que está en venta y a precio de rebaja”.

Futuro abierto
En el entorno de Novacaixagalicia se insiste en que todavía no se ha descartado ninguna alternativa, incluida la de su integración en un SIP o formular uno nuevo, aunque las posibilidades son prácticamente ya nulas.

Ese camino hubiera sido el preferido por el equipo directivo de la caja, presidido por Julio Fernández Gayoso, siempre contrario a la fusión con Caixa Galicia, lo que le valió un fuerte enfrentamiento con el presidente de la Xunta. Éste pidió semanas atrás de forma pública “generosidad” a los directivos de Novacaixagalicia para mantener la vinculación con Galicia.