Los Bancos y Cajas

En virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores,
CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, con domicilio social en
Almería, Plaza de Barcelona, 5 y C.I.F. número F-04001475, comunica a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores para su difusión al mercado el siguiente
HECHO RELEVANTE
Los Consejos Rectores de Caixa Rural de Balears, S. Coop. de Crédito y de Cajamar
Caja Rural han acordado convocar a sus respectivas Asambleas Generales en
sesiones extraordinarias que se celebrarán el día 19 de agosto de 2010, para someter
a su votación, entre otros asuntos, el proyecto de fusión entre ambas entidades.
Con datos al cierre del primer trimestre, Caixa Rural Balears, entidad de referencia
para el sector primario en Baleares, aportaría a Cajamar Caja Rural un volumen de
negocio próximo a 1.000 millones de euros, unos activos totales de 614 millones de
euros, 30 oficinas, 134 empleados, 33.000 clientes y más de 14.000 socios, de los que
12.500 son personas físicas y 1.700 jurídicas.
La entidad resultante, cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, se situaría en el
puesto 16 del ranking nacional de entidades financieras, con más de 45.500 millones
de euros de volumen de negocio, 28.600 millones de activos, 5.100 empleados y 996
oficinas en treinta y seis provincias
En Almería, a 16 de Julio de 2010

El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en
virtud de las facultades delegadas por el Consejo de esta Comisión de
4 de noviembre de 2009, ha adoptado con fecha 15 de julio de 2010 el
siguiente acuerdo:
“Admitir a trámite, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Real
Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas
públicas de adquisición de valores, la oferta pública de adquisición de
acciones de Banco Guipuzcoano, S.A. cuya solicitud de autorización
fue presentada por Banco de Sabadell, S.A. el 02/07/2010, tras la
documentación complementaria registrada con fechas 06/07/2010,
09/07/2010, 14/07/2010 y 15/07/2010.”
La admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1066/2007, no supone la autorización de la oferta, que deberá
producirse en los términos y plazos previstos en el artículo 21 del
referido Real Decreto.