Los Bancos y Cajas

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra (“Caja Navarra”), Caja General de
Ahorros de Canarias (“Caja Canarias”) y Caja de Ahorros Municipal de Burgos (“Caja
de Burgos”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, ponen en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores el siguiente:
HECHO RELEVANTE
El pasado 7 de abril de 2010, las Cajas suscribieron el Contrato de Integración para la
constitución del Grupo Banca Cívica (el “Contrato de Integración”) con la previsión de que
Banca Cívica, S.A. (“Banca Cívica”), una vez constituida, se adheriría al mismo y pasaría a
actuar como entidad central de gobierno del Grupo. Dicha suscripción fue comunicada al
mercado mediante el oportuno Hecho Relevante.
En el día de hoy, una vez verificadas las formalidades propias de su constitución como banco,
Banca Cívica ha formalizado, junto con las Cajas, su adhesión mediante el otorgamiento de la
correspondiente adenda al Contrato de Integración.
Como consecuencia de lo anterior, cobran plena vigencia las garantías recíprocas establecidas
en el Contrato de Integración en cuya virtud, y mientras dicho contrato esté en vigor, Banca
Cívica garantiza solidariamente las obligaciones de cada una de las Cajas frente a terceros
acreedores comunes y cada una de las Cajas garantiza solidariamente tanto las obligaciones de
las restantes Cajas como las de la Sociedad Central, también frente a terceros acreedores
comunes.

El beneficio ordinario atribuible de Banesto en el primer semestre de 2010 crece un 0,7% hasta alcanzar los 466,5 millones de euros

RESULTADOS
En unas adversas condiciones para el negocio bancario, Banesto ha conseguido unos resultados de calidad. Ha aumentado su base de clientes y su vinculación, manteniendo el nivel de ingresos y mejorando la eficiencia gracias a la gestión de los costes. Al mismo tiempo, la calidad del riesgo se ha mantenido entre las mejores del sector, se ha reforzado la liquidez y la solidez patrimonial del banco.

En los seis primeros meses del año, Banesto obtuvo un beneficio neto atribuido de 381,71 millones de euros, el 6,8% menos que en el primer semestre del 2009, debido a que siguió optando por destinar una parte de sus ganancias a aumentar su colchón de provisiones. Este resultado, mejor de lo previsto por los analistas, habría sido de 466,51 millones sin contar plusvalías y saneamientos extraordinarios, lo que representa un crecimiento interanual del 0,7%.

Solo en dotaciones voluntarias a provisiones genéricas, la entidad destinó 104 millones en el segundo trimestre del año que le servirán para afrontar con mayor comodidad un aumento de la morosidad, que a cierre de junio era del 3,48%, mayor que el 2,32% de un año antes aunque por debajo de la media del sector. El banco ha subrayado que en su caso la morosidad está creciendo a un ritmo “muy inferior al del sector”.

El decreto ley del Gobierno se justificó con la necesidad de fortalecer el capital de las cajas, pero también afecta a los bancos en aspectos de liquidez y endeudamiento.

Así se pone de manifiesto en el Real Decreto Ley de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que entrará en vigor mañana.

Las comunidades autónomas tendrán seis meses para adaptarse a la nueva regulación sobre cajas de ahorros que fue aprobada el pasado viernes y que permite a estas entidades -de forma voluntaria- emitir cuotas participativas -similares a las acciones- con derechos políticos hasta un 50% de su patrimonio.

- En lugar de acciones, las cajas tendrán cuotas participativas sin o con derechos políticos. En este último caso cotizarán en Bolsa y sus dueños se sentarán en el Consejo de las cajas.

- Habrá cuatro tipos de cajas: las que sigan como hasta ahora, con las adaptaciones legales; las que se integren en una fusión fría y mantengan la estructura de cajas; las que también sean cajas pero cedan el negocio financiero a un banco, controlando la mayoría del capital y, por último, las que pierdan el control de ese banco, se privaticen y dejen de ser cajas para convertirse en fundaciones.

- Los cargos políticos electos y altos cargos de cualquier Administración deberán dejar sus puestos en los consejos de administración y en la asamblea general cuando les toque renovar. En cualquier caso, tienen tres años para dejar las cajas.

- Los Parlamentos autonómicos y los plenos de Diputaciones y Ayuntamientos nombrarán a los nuevos representantes que sustituyan a los políticos.

- Las Administraciones públicas, entidades y corporaciones de derecho público no podrán tener más del 40% de los derechos de voto en los órganos de gobierno.

- El supervisor podrá bloquear la ruptura de las fusiones frías entre cajas.

- El FROB podrá recapitalizar entidades sanas si tienen problemas con las pruebas de esfuerzo.

- Bancos y cajas tendrán un nuevo coeficiente de liquidez para salidas de fondos y otro para evitar un excesivo endeudamiento.

En casos excepcionales, el FROB podrá adquirir títulos emitidos por entidades individuales que, a juicio del Banco de España, precisen de un reforzamiento de recursos propios», reza el texto de la norma. El FROB podrá comprar títulos de bancos y cajas que «aún siendo solventes y viables pudieran no ser suficientemente resistentes en contextos significativamente más adversos que el actual», lo que pudiera aconsejar «un reforzamiento urgente de su capital» con el objetivo de incrementar la confianza del mercado en dichas sociedades,

La nueva ley pone énfasis en los actuales SIP, cuyas entidades deberán permanecer en el sistema por un periodo mínimo de 10 años, debiendo preavisar con, al menos, dos años de antelación sobre su deseo de abandonar el mismo transcurrido el período establecido. Adicionalmente, el acuerdo de constitución deberá incluir un régimen de penalizaciones por baja que refuerce la permanencia y estabilidad de las entidades en el sistema institucional de protección.

El Banco de España, con carácter previo a la salida de un sistema institucional de protección por cualquiera de las entidades integrantes del mismo, valorará si puede abandonarlo, en función de la viabilidad individual de la entidad que pretenda marcharse del sistema y la del resto de las entidades participantes tras la pretendida desvinculación.
Las comunidades autónomas tendrán seis meses para adaptarse a la nueva regulación sobre cajas de ahorros. El citado texto, también indica que en el plazo máximo de tres meses desde la publicación de esta norma por parte de las comunidades, o en ocho meses contados desde la publicación del Real Decreto-Ley, las cajas tendrán que adaptar sus estatutos y reglamentos a las disposiciones que en la misma se contienen.

Las cajas plantean prejubilaciones voluntarias para mayores de 55 años
Prejubilaciones voluntarias, que se aplicarán a partir de los 55 años, mediante o a través de un expediente de regulación de empleo. Esta es la propuesta presentada por los directivos de las cajas gallegas

El objetivo de las dos entidades es cubrir la totalidad de los «excedentes» con prejubilaciones de empleados, cuya antigüedad mínima en ambas empresas ha de ser de 15 años. En un principio, tendrán prioridad aquellos que tengan cumplidos los 55 años hasta el 31 de diciembre y, en caso de que no sean suficientes, se incorporarían los que cumplan 55 en 2011. Sobre las bajas incentivadas, han propuesto compensar

En cuanto a las oficinas que se verán afectadas por el proceso de fusión, cuyo total asciende a 300, según las estimaciones iniciales de las cajas, éstas han adelantado que 180 de ellas están ubicadas en la Comunidad gallega; entre 80 y 85 en otros puntos del Estado y el resto en diferentes empresas y ámbito internacional. Los directivos de las cajas de ahorros y los representantes de los trabajadores acordaron celebrar una nueva reunión el próximo día 20.

para abordar el excedente de plantilla de la entidad resultante tras la fusión, que se estima afectará a unas 1.200 personas. Si bien, esta opción que las cajas —puntualizan— sólo aplicarán si hay consenso en la mesa de negociación laboral, ya ha sido rechazada inicialmente por la CIG, UGT y CGT, mientras que Csica precisa que las dos entidades no la reconocen como «evidente o inmediata» y CC.OO. especifica que se trata de un ERE «atípico» por tratarse, en este caso, de una medida «voluntaria».